10 de abril de 2019

Limitar el acceso a la vida pública en función del patrimonio de cada cual es, cuando menos, contrario a la Constitución, a la inteligencia y al sentido común. Todo ello sin olvidar la gran cuestión de fondo que subyace en todo este asunto, la obsesión de algunos por reducir las autonomías a una especie de diputaciones, despojándolas de la mayoría de sus actuales competencias, para volver a un Estado centralizado donde todas las decisiones trascendentes y que afectan a nuestra vida diaria acabarán tomándose en Madrid.