A medida que crece el número de indigentes en España, superando ya los tres millones de ciudadanos en situación de pobreza extrema, los bancos siguen teniendo millones de euros de beneficios y, en el colmo del esperpento, los desahuciados son amenazados con ir a prisión por molestar la siesta de los políticos a golpe de pancarta y silbato.
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