Las instituciones no son culpables de los males de España sino quienes las gestionan. Los ciudadanos confían en los jueces, en los profesores y en los médicos. Confían mucho menos en quienes dirigen el Gobierno, la oposición, los partidos o los sindicatos. Y no confían prácticamente nada en la falta de controles sobre ellos o, peor, en la existencia de controles tutelados por los que deben ser vigilados.
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