Excluir la reproducción asistida del catálogo de servicios mínimos de la sanidad pública y dejar de sufragar los tratamientos por considerar que la infertilidad no es una patología no es un tema baladí, porque se mezclan cuestiones económicas que obligan a hilar muy fino con los números, pero también criterios médicos, valoraciones psicológicas, humanitarias y de género, que ponen en conflicto el deseo de procrear y las limitaciones sexuales de determinadas opciones afectivas.
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